Todos los esfuerzos por hacer que la vivienda sea asequible se topan con el mismo estribillo. Si controlamos los alquileres, no será rentable y nadie construirá. Incluso con una inspección superficial, este argumento se desmorona. La falacia más obvia es que el control de alquileres se aplicaría a las nuevas construcciones. Excepto que nunca lo hace. Las propuestas de control de alquileres más ambiciosas eximen a los edificios nuevos durante 15 años. Quince años es tiempo suficiente para pagar préstamos, aumentar los alquileres de los inquilinos existentes u obtener aumentos considerables cuando un inquilino se va.
Después de 15 años de precios de mercado, el propietario no solo ha cobrado una gran cantidad de alquiler, sino que el valor del edificio se ha revalorizado. La depreciación de una propiedad es deducible de impuestos, pero en realidad, la propiedad valdrá mucho más con el tiempo.
Los bienes raíces no son principalmente una inversión a corto plazo basada en el cobro inmediato del alquiler, sino más bien una inversión a largo plazo basada en aumentos en el valor de los bienes raíces. Por su propia naturaleza, el desembolso que supone construir algo nuevo no puede compensarse en un plazo muy corto.
Garantizar beneficios ilimitados a un pequeño grupo de propietarios corporativos multimillonarios a expensas de millones de inquilinos es un mal negocio para nuestra sociedad.
Si partimos de la premisa de que la vivienda es una necesidad que todo el mundo debe tener, entonces adoptar políticas que la pongan fuera del alcance de millones es una tontería o una crueldad. Cuanto más alto se asciende en la cadena alimentaria, menos protección necesitan las personas. Si puedes pagar el rescate de un rey por un fabuloso ático, entonces no necesitas la ayuda de la sociedad. Si tiene discapacidad o Seguro Social o trabaja con un salario mínimo, entonces mantener un alquiler razonable es su único salvavidas.
Nueva York tiene las leyes de control de alquileres más estrictas del país y, sin embargo, la construcción ha experimentado un auge allí en los últimos años. Al mismo tiempo, el control de los alquileres ha mantenido a muchas personas pobres y de clase trabajadora en sus hogares.
Cobrar alquileres inasequibles a personas que no pueden pagarlos no es un derecho de nacimiento. La explotación de una escasez para aumentar los alquileres debería estar sujeta a regulación. El contrato social que debemos brindar colectivamente a los más desfavorecidos no debe sacrificarse en el altar de la avaricia corporativa.
No se debe permitir que los propietarios nos mantengan como rehenes. Sus amenazas de desinvertir deberían disuadirse eliminando las ventajas injustas que obtienen de las exenciones de zonificación y de impuestos que les favorecen aún más.
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